Solidaridad

El tema de la OPA hostil de Gas Natural sobre Endesa ha sacado a la palestra los ingresos que la Comunidad de Madrid y su Ayuntamiento dejarían de percibir en el caso de que la empresa eléctrica trasladara su domicilio a otro lugar. Independientemente de que sean muchos o pocos, creo que es motivo de reflexión el que una empresa que no tiene ni plantas de producción ni clientes en Madrid genere impuestos para esta Comunidad, por el único hecho de tener allí su domicilio fiscal. Y no me refiero solo a los que van directamente para la Comunidad Autónoma, sino a los que el Estado recauda pero que la señora Aguirre esgrime como aportados por su Comunidad para justificar la gran solidaridad de la misma.

¿Solidaridad? ¿Es que acaso esos los ingresos de Endesa, como los de las demás grandes compañías con domicilio social en Madrid se generan allí? ¿Es que los ingresos que un banco cobra por comisiones a un cliente de La Coruña, o los que una compañía de telefonía cobra a un abonado de Soria, o los que una compañía eléctrica cobra por dar suministro en Castellón, son generados en Madrid? No, evidentemente, esos ingresos no son de Madrid, igual que los ingresos que Gas Natural, pongo por caso, obtuviera de sus clientes en Asturias (en el supuesto de que los tuviera, cosa que ignoro) no son ingresos de Cataluña.

Por eso me fastidia bastante que la Sra. Aguirre se permita sacar pecho argumentando una solidaridad ficticia, porque los recursos que teóricamente aporta Madrid han sido previamente drenados de todos los territorios de España por las empresas con sede en la capital.

Eso por no hablar de la elevada suma de ingresos que para Madrid supone que allí estén establecidas diversas instituciones del Estado, como demostró su férrea oposición al traslado de la CMT. Además de las Cortes Generales y el Gobierno, cuyo traslado no me planteo, en Madrid están, por citar dos ejemplos, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Ello quiere decir que los magistrados y los funcionarios de estos tribunales viven en Madrid o alrededores y pagan allí su IRPF. Pero además, para comparecer ante ambos tribuanales es indispensable contratar a un Procurador de Madrid que, junto con sus empleados, paga también allí su IRPF. Y esa cadena se extiende a sus suministradores de material de oficina, mensajería, etc. Y si yo tengo que defender en vista oral un recurso ante esos tribunales, deberé viajar a Madrid, comer en Madrid y quizás incluso alojarme en Madrid, aumentando así los ingresos, y por tanto los impuestos a pagar, por las empresas allí establecidas.

Antes de hablar de solidaridad, y de jactarse de hacer grandes aportaciones a la caja común, la Sra. Aguirre debería restar todos esos ingresos que no le corresponden, que son fruto únicamente de decisiones políticas, y luego hacer números, a ver qué sale.

Y aun queda pendiente el tema de la descentralización del Estado. En los tiempos que corren, cuando los aviones hace mucho que sustituyeron al carro, y el teléfono, el fax y el correo electrónico a los mensajeros, no tiene sentido mantener instituciones en Madrid argumentando su centralidad. Y que no se nos diga que las instituciones tienen que estar necesariamente en la capital, porque existen ejemplos claros de que no tiene por qué ser así (el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo).

Ahora que la CMT se traslada a Barcelona, debemos plantearnos otros traslados. ¿Por qué no el Tribunal Constitucional en Valencia, o el Tribunal Supremo en Sevilla, e igualmente con el resto de instituciones?